CONFERENCIAS CIEN AÑOS TRIBUNAL

cropped-Logo-Tribunal.jpg

 

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ  PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.

El 1° de mayo de 1914 cuando tomaron posesión los primeros Magistrados, doctores, Obdulio Palacio Muñoz, Francisco Luis Ortiz y Salvador Ossa inició labores el Tribunal Administrativo de Medellín hoy de Antioquia cuya jurisdicción territorial comprendía los Departamentos de Antioquia y Caldas, tan solo unas semanas después ya había proferido su primera sentencia, afirmando su independencia respecto de la Jurisdicción Ordinaria y decretando la nulidad parcial de un Acuerdo expedido por el Municipio de Zaragoza por considerarlo contrario a la ley positiva y al derecho natural abriendo a partir de allí el camino para la consolidación del control jurisdiccional a la administración pública en nuestro Departamento.

Este año al cumplirse 100 años de existencia, la Sala Plena decidió realizar diferentes actos de celebración entre ellos la imposición del escudo del Tribunal a los Magistrados y Empleados de la Corporación, como un reconocimiento a las personas que día a día dan lo mejor de sí en beneficio de la labor de administrar justicia. Se celebró igualmente una Eucaristía con el fin de dedicar un espacio a la reflexión, sobre el papel que se ha cumplido hasta el momento y sobre nuestra labor en la sociedad de cara al futuro y a la luz de los cambios normativos que imponen unos nuevos retos, objetivos y compromisos a la administración de la justicia.

De otro lado, reconociendo que la función de la judicatura no puede limitarse a dictar sentencias y decir el derecho en el caso concreto, sino que debe trascender para cumplir también una función pedagógica y servir de insumo a la investigación y debate en otros escenarios, se pensó en la realización de un gran acto académico que estuviera a la altura del primer siglo de nuestra existencia. Se cumple hoy con este acto académico, con la participación de la señora Presidenta del Consejo de Estado, la Doctora María Claudia Rojas Lasso, de las Consejeras Bertha Lucia Ramírez de Páez, la Doctora Susana Buitrago Valencia, los Consejeros, Doctores Enrique Gil Botero, Álvaro Nánem Vargas, Jorge Octavio Ramírez, Marco Antonio Velilla y los Ex Consejeros, doctores Luis Fernando Álvarez Jaramillo y el doctor Carlos Betancur Jaramillo, todos ellos juristas de reconocido prestigio y trayectoria que garantizan la calidad del evento que hoy iniciamos, y no existe un mejor espacio para un evento de este tipo que la Universidad, lugar en que la libre expresión de las ideas permite el debate civilizado y pacifico para el bien de la academia y de la justicia, en este caso, la Universidad Pontificia Bolivariana cuya directivas comprometidas y solidarias con el centenario del Tribunal y consiente de la magnitud de nuestro evento, se vincularon acogiéndonos en su Aula Magna Monseñor Manuel José Sierra Ríos.

No queda más que agradecer a los conferencistas, al señor Rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, Padre Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, al señor Decano Luis Fernando Álvarez Jaramillo y a ustedes por su asistencia.

 

INSTALACIÓN DEL SEMINARIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011

DOCTORA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ESTADO

 

Muy buenos días, señor Presidente del Tribunal Administrativo de Antioquia, Doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, señor Vicerrector  Académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, Presbítero, Doctor Jorge Iván Ramírez Aguirre; señor Decano de la facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, Doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo; señora Vicepresidenta del Tribunal Administrativo de Antioquia, Magistrada, Mercedes Judith Zuluaga Londoño, señores y señoras Consejeros de Estado aquí presentes, profesores, ex Consejeros de estado, Doctor Carlos Betancur, señoras y señores.

Para mí, como Presidente del Consejo de Estado es un honor encontrarme hoy en esta Ciudad y especialmente en este recinto de la Pontificia Universidad Bolivariana porque el centenario del Tribunal Administrativo de Antioquia que celebramos desde la Sala Plena del Consejo de Estado y en mi condición de Presidente me uno a este regocijo, a esta celebración.

Desde este centenario me parece muy  importante que se haya organizado este evento académico como una forma de hacer una evaluación a los ya casi dos años de expedición de la ley 1437, una evaluación  que nos permita ver realmente las bondades y también, por qué no, los defectos que en un momento dado pueden presentarse, pero indudablemente lo que si podemos decir es que el Código de Procedimiento Administrativo  y de lo Contencioso  Administrativo ha constituido una importantísima herramienta jurídica para el desarrollo de nuestra Jurisprudencia  Contencioso Administrativa, y da gusto poder uno escuchar comentarios de Ex Magistrados que me hacían incluso en estos días, comentando que definitivamente se hizo un gran Código, el Doctor Luis Fernando Álvarez ahora, nos contara un poco los antecedentes de la expedición de esta ley 1437 que sin duda fue un ejemplo de lo  que se puede producir cuando se reúnen personas conocedoras de la Jurisdicción, la Comisión,  que tuvo a su cargo la elaboración de esta ley 1437 indudablemente  estaba compuesta por Juristas con experiencia y conocedores de nuestra jurisdicción y por eso este código nos entregó importantísimas herramientas que seguramente muchos de ustedes ya han tenido oportunidad de utilizar, el mecanismo de extensión de jurisprudencia indudablemente, creo yo, que va ser de una transcendencia enorme  porque con este mecanismo de extensión de jurisprudencia si la administración cumple adecuadamente con el deber de aplicarlo en los términos que el código los trae, este mecanismo de extensión de jurisprudencia va a contribuir a descongestionar la Justicia Contencioso Administrativa y a que se haga una justicia mucho más pronta y mucho más ágil. Igualmente dentro de los mecanismos  del nuevo Código, el doctor Carlos Betancur se va referir más adelante al de las medidas cautelares, que yo creo que es un tema de singular importancia y que está sintiendo ya  el país la repercusión  de este tipo de medidas, sobre todo las medidas  de urgencia que se consagraron en la ley 1437 y que permiten al juez  como su nombre lo dice en casos de urgencia, decretar la medida cautelar, incluso desde el momento de la demanda o antes de la admisión de la misma; las sentencias de unificación jurisprudencial, importantísimas porque no solamente  marcan  el precedente jurisprudencial  sino que también permiten que se apliquen dentro del mecanismo de extensión de jurisprudencia; el mecanismo de revisión eventual  que se venía consagrando desde la ley 1285 de 2009, en el caso de las acciones populares y de grupo y que permite la unificación de la jurisprudencia, a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional  que dejó como único objetivo  de este mecanismo de revisión eventual, el de la unificación de la jurisprudencia, es decir, yo creo que esta ley 1437 definitivamente nos ha entregado una herramientas  muy importantes a los Jueces y Magistrados de la Jurisdicción,  y este escenario de reflexión que tenemos hoy  con ocasión del centenario  de Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia, nos va a  permitir  también mirar en el panel a cargo de nuestro ilustres Consejeros  aquí presentes, nos va permitir ver  cuál ha sido el efecto  positivo o negativo y cuáles también, en un momento dado  las debilidades de esta ley 1437, me siento entonces muy honrada  y muy satisfecha de ver este auditorio tan distinguido, para iniciar esta jornada académica  a la que le deseo los mayores éxitos  con la confianza de que los resultados nos van a retroalimentar  también para eventuales  propuestas de reforma. Declaro entonces  instalada esta jornada académica,  no sin antes agradecer su atención  y su asistencia. Muchas gracias.

INTERVENCIÓN  DEL DOCTOR JAIRO JIMÉNEZ ARISTIZÁBAL -MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

RESEÑA HISTÓRICA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.

La idea es arrancar precisamente desde el nacimiento  de la joven República en la Nueva Granada;  que se remota  a más  o menos a los años 1810, en donde la idea era formar un Ejecutivo con muchas funciones,  con centralismos predominante, lo que hacía necesario entonces que para  controlar el ejercicio de la autoridad política  se decidiera crear un Consejo de Estado.   En principio pues la creación del Consejo de Estado no tiene su raíz en la Constitución  y por eso hablamos de una primera etapa legislativa  que va dese los años 1819 a 1828; el Congreso  de Angostura no se refirió al Consejo de Estado, en 1819 la Constitución de Cúcuta creó un Consejo de Gobierno  con algunas funciones consultivas lo que estrictamente no se puede llamar un Consejo de Estado, pero en un  decreto del 30 de octubre de 1817 se creó un Consejo Provisional de Estado, que tenía 3 secciones:  una Sección de Estado de Hacienda,  otra Sección de Marina y Guerra y otra del Interior y de Justicia. En la convención de Ocaña, en 1828 los Santanderistas y Bolivarianos  presentaron sendos  proyectos para establecer un cuerpo especial  que tenía funciones consultivas, sin embargo, los Santanderistas  querían ampliar las funciones del Consejo de Gobierno para que colaborara en la redacción de proyectos de ley  y así entonces modificar su composición;  los segundos presentaron un contra proyecto  que consagraba el Consejo de Estado con funciones similares a las de El Consejo de Gobierno de los Santanderistas pero sin representación parlamentaria,  le querían dar independencia del ejecutivo. En 1828 entonces ante el fracaso que hubo en la convención de Ocaña, Simón Bolívar dictó un Decreto orgánico en cuyos artículos 8 y 10 reguló todo lo relativo al Consejo de Estado que inicialmente estuvo integrado por 13 miembros,  viene luego una etapa digámoslo así; una etapa constitucional en donde se estructura dentro del Estado este organismo, inicialmente con funciones consultivas, así en la constitución de 1830 en los artículos 95 a 99 se refirió al Consejo de Estado, indicando  que sería un cuerpo auxiliar  del poder ejecutivo,  en la Constitución del  32 se creó un Consejo de Gobierno y un Consejo de Estado  y en la de 1843  se suprime al Consejo de Estado pero se mantuvo el  Consejo de Gobierno; esta fue la etapa pues del federalismo, de la absoluta descentralización,  en donde el Consejo de Estado como control de un poder ejecutivo central, prácticamente pierde sentido y viene entonces una etapa, digámoslo así, de regulación  a través de los diferentes estados, de los estados unidos de Colombia, hasta la constitución de 1886 que se reconstituye como Republica Unitaria y predominantemente centralista. La Constitución de 1886 en los artículos 136 a 141 consagró el Consejo de Estado aún sin funciones jurisdiccionales y se posesionó este Consejo de Estado, el 6 de diciembre de 1886, los primeros Consejeros de Estado fueron Juan Pablo Restrepo, Luis Carlos Rico, Ricardo Núñez, Demetrio Porras, Miguel Antonio Caro y Clodormiro Tejada.

En 1905 la Asamblea constituyente mediante  el acto legislativo N° 10 suprimió el Consejo de Estado para que el Presidente de la República  que en esa época era el General Rafael Reyes, sin trabas jurídicas  de ninguna clase  pudiera gobernar conforme a sus dictados  en toda la materia,  consideraba Rafael reyes que la tramitología que se daba en el Consejo  de Estado impedía un adecuado ejercicio de la función ejecutiva y por esta razón entonces decidió suprimir el Consejo de estado.

En 1810 una corriente Política que se autodenominó el Republicanismo, impulsó una  reforma constitucional  lo que hizo atravesó del Acto Legislativo  N°3  de 1910, allí en el Art. 42 se ordenó que la ley establecería y organizaría la Jurisdicción  Contencioso Administrativa, en esta ocasión, a  diferencia de lo que había ocurrido en 1886 se le dio una orden perentoria por parte del constituyente al legislador,  quitándole pues ese carácter discrecional  a esa facultad de crear el Consejo de Estado.  Fue así entonces como producto de esta orden perentoria  se dictó la Ley 130 de 1913 en desarrollo del acto legislativo  N° 3 de 1910 creó y organizo el Tribunal  Supremo de lo Contencioso  Administrativo compuesto por 6 Magistrados  elegidos todos ellos por la Corte Suprema de Justicia, la existencia de este Tribunal fue muy breve, funcionó del 10 de abril  al 30 de noviembre de 1914, fecha en la cual paso a denominarse  como actualmente se denomina  y fueron sus Magistrados  Miguel Abadía Méndez,  quien además tuvo la calidad de Presidente de la Corporación,  Diego Mendoza, Prospero Márquez  y Daniel J. Reyes.  La Ley 130 también  tuvo el mérito,  de crear los primeros Tribunales  Seccionales de lo Contencioso Administrativo  dándole entonces alcance nacional a la naciente jurisdicción.  Inicialmente fueron creados  los Tribunales de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Pasto, Popayán, Ibagué y Tunja; el proyecto que se presentó al Senado  tenía previstos tan solo 5 Tribunales,  eran razones  pues más de erogación  del erario  público  que otras razones para proponer  cinco (5) Tribunales, pero también estábamos en la época de la creación y crecimiento del Estado y por esta razón entonces en lugar de 5 que se proponían en el proyecto, se crearon 8 Tribunales.

Según el art 26 de la ley 130 de 1913 el período  de los Magistrados de  los Tribunales Administrativos seccionales es de 3 años contados a partir del 1° de marzo siguiente a su elección, fue así entonces como  arrancó a funcionar el Tribunal administrativo de Antioquia el 1° de mayo de 1914, fecha en la que se posesionaron los 3 primeros Magistrados del Tribunal  Administrativo Seccional de Medellín;  doctores Francisco Luis Ortiz, salvador Ossa  y Obdulio  Palacio  ante el Gobernador de Antioquia Carlos Cock y el secretario  de la Gobernación, Doctor Miguel Moreno.

La creación de los Tribunales Administrativos, creó muchas polémicas sobre la naturaleza de sus funciones, en un artículo que logramos ubicar del año 1915, publicado por la revista de la Facultad  Derecho de  la Universidad de  Antioquia, se decía que estos organismos no tenían  funciones jurisdiccionales,  aquí hay que recordar entonces que a diferencia de lo que ocurrió en Francia  en donde el Consejo de Estado era parte del Poder Ejecutivo, en Colombia se trató de crear desde el principio, el Consejo de Estado, insertado en la función jurisdiccional,  es decir, como parte de la Rama Judicial  y no como parte del ejecutivo; esto llevó entonces  a que se diera esta polémica sobre el carácter administrativo de estos Tribunales y por esta razón incluso en un pronunciamiento de esta corporación,  el 30 de septiembre de 1915 sentencia que fue dictada con ocasión  de la solicitud de nulidad del Art. tercero de la ordenanza N° 10 de 1912 dictada por la Asamblea Departamental de Caldas, el doctor Francisco Luis Ortiz  hizo una encomiable  defensa  del carácter jurisdiccional  de la decisión que tomaba.

Han  pasado muchos años  pero hay que resaltar básicamente tres periodos, yo los llamé el período de la violencia, el período de la pobreza y el período de la congestión.

El periodo de la violencia, se caracterizó por los eventos del 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de Gaitán  y que va, más o menos hasta la creación del Frente Nacional,  con el acto legislativo N°1 de diciembre de 1957. A principios de 1948 en Medellín se había introducido el sistema de valorización y los partidos tradicionales acusaban al Tribunal Administrativo de Antioquia  de profesar un sectarismo  que puso a esta corporación en el ojo del huracán de la opinión  publica  pues el cobro de ese impuesto había generado  protestas sociales  e incluso una infinidad de demandas contra  la  entidad territorial. En 1948 el presidente del Tribunal Administrativo de Antioquia, el Doctor Santiago Herrena Gómez  fue acusado por el jefe de la oficina  del subdirector de detectivismo, de hacer parte de una junta revolucionaria, fue puesto presto en la cárcel de la ladera en Medellín  luego de ser ultrajado en la diligencia de indagatoria desconociendo su calidad de Magistrado, fue una época digámoslo así,  de persecución a la Jurisdicción Contenciosa.

Vino posteriormente una época  que yo diría que está ubicada en la década del 80 que es la época de la pobreza, en 1982 los recursos económicos de la Rama Judicial  dependían del fondo rotatorio del Ministerio de Justicia, el Tribunal  Administrativo funcionaba en el piso 11 del Edificio de Banco Anglo colombiano y debido a que el fondo rotatorio no pagaba los arrendamientos de esa sede los Magistrados del Tribunal  sufrieron un proceso de lanzamiento  de las oficinas que ocupaban, la falta de recursos económicos se prolongó hasta finales de los años 80, durante muchas décadas, los empleados del tribunal  trabajaron  con máquinas de escribir  prestadas por el Municipio de Medellín.

En 1998 arranca digámoslo así la tercera etapa de la cual ya gracias a Dios estamos saliendo y es la que yo llamo la etapa de la congestión. En 1998 en promedio cada Magistrado del Tribunal  Administrativo tenía en promedio 1.142 procesos  a su cargo, en el año 2000 debido a las reformas de las  plantas de personal  que se implementaron en las entidades  territoriales con la expedición de la ley 617 de 2000 el promedio de procesos se incrementó a 1.400 y para el mes de junio del año 2000 cuando se implementó  en el Tribunal Administrativo  de Antioquia el sistema de gestión judicial  siglo XXI en promedio cada Magistrado tenia a cargo aproximadamente 1500 procesos.

Recientemente ha contribuido a la congestión el hecho de que se le han asignado competencias  a los Tribunales Administrativos de Antioquia, a ello han contribuido  por ejemplo la Constitución  Nacional con la acciones de tutela, la Ley 393 de 1997 al asignarle a la Jurisdicción Contenciosa  el conocimiento de las Acciones de Cumplimiento, la ley 80 de 1993 le asignó el conocimiento de los ejecutivos  provenientes de contratos estatales,  la ley 446 de 1998, le asignó competencias en referencias con los procesos ejecutivos etc. y todas estas situaciones aunadas a las situaciones fácticas,  ocasionadas por la modernización del Estado a través de la supresión de empleos y dependencias administrativas, esto ha derivado en el aumento de número de reclamaciones laborales en contra del Estado lo que ha contribuido a la congestión.

En la actualidad, para salir de la congestión y  para implementar el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, existen tres  Tribunales Administrativos, cada uno tiene competencias diferentes, hay un Tribunal para  el sistema de oralidad integrado por 6 Magistrados que en la actualidad son los doctores y doctoras Álvaro cruz Riaño, Jorge Iván Duque Gutiérrez, Gloria María Gómez Montoya, Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, Yolanda Obando Montes y Gonzalo Javier Zambrano Velandia, hay otro Tribunal para el sistema escrito integrado por 6 magistrados de los cuales 2 son de descongestión y lo componen los doctores y doctoras Juan Guillermo Arbeláez Arbeláez, Jairo Jiménez Aristizábal, Rafael Darío Restrepo Quijano y Mercedes Judith Zuluaga Londoño, que somos Magistrados permanentes y de Descongestión la doctora Liliana Patricia Navarro Giraldo y el doctor Jorge León Arango Franco. Finalmente está la Sala de Descongestión que sería el Tercer Tribunal, integrado también por 6 Magistrados que son los doctores y doctoras María Nancy  García García, Juan Carlos Hermosa Rojas, Juan Carlos Hincapié Mejía, Martha Cecilia Madrid Roldán, Carlos Enrique Pinzón Muñoz y Marta Nury Velásquez Bedoya.

En la actualidad estamos entonces en la implementación de la ley 1437 la cual consagra el sistema oral, la idea es que para su vigencia de manera paulatina se terminen todos los procesos escritos y para estos efectos la normatividad (sic) en mención  previó un plazo de 4 años contados a partir de la adopción del plan especial de descongestión de la jurisdicción  Contencioso Administrativa el cual fue adoptado mediante el acuerdo PSAA 12-9139 del 17 de enero de 2012 por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al último inciso  del Art. 304 de la ley 1437, para el 17 de enero de 2016, debe estar ejecutado el plan especial de descongestión .

¿Cuál es el futuro?  La ley 1437 nos pinta un futuro asociado al  avance tecnológico, de hecho, en su Art 186, al referirse a las actuaciones  a través de medios electrónicos indica que todas las actuaciones judiciales, susceptibles de surtirse  por escrito podrán realizarse por medios electrónicos  siempre y  cuando en su envío y recepción se asegure su autenticidad, integridad, conservación  y posterior consulta. Para los anteriores efectos se otorgó un plazo de cinco años a  la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que implemente las condiciones técnicas necesarias para el funcionamiento del expedienten judicial  electrónico.

Muchas gracias.